Comunidad Pacifico de Villa construyendo asociatividad y cohesión social
“En el Perú de hoy, los que fallan son los políticos, que ofrecen en campaña, lo que como gobernantes no cumplen, sobre todo para articular y cohesionar socialmente al país”.
Lo que no se quiere aprender en nuestro caso, es que, si bien es cierto, que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento constituyen condiciones ineludibles para un desarrollo social perdurable, por sus efectos en el mercado del trabajo, en el poder adquisitivo de las remuneraciones, y los mayores recursos para financiar el gasto social; pareciera que no entendemos, que no existe una relación lineal entre estabilización macroeconómica y crecimiento, y entre este último y el desarrollo social.
De la misma manera, no apreciamos que, nuestros principales desafíos sociales de pobreza y exclusión, no se resuelven solo como un resultado del crecimiento económico, sino que es necesaria una responsabilidad activa del Estado en materia social; en la superación de los bajos niveles de cohesión social y - sin que ello implique la adopción de políticas populistas con escasa viabilidad de sostenerse en el tiempo - el propio crecimiento económico se hará insostenible.
La apuesta por la cohesión social desde la política social es decisiva. Además de aportar a la construcción de formas más inclusivas de organización social, la acción pública social propicia la generación de una ciudadanía activa, aún ausente o deficitaria en nuestras ciudades, agredidas por la indefensión e inseguridad. Se requiere de una protección mínima de parte del Estado a todos los ciudadanos, para contribuir a garantizar oportunidades de inclusión, promover la participación y asegurar a todos el desarrollo de capacidades que permitan la realización y expansión de los derechos en el campo social, económico y cultural, para complementar la ciudadanía política con una verdadera ciudadanía social.
Se debe de garantizar oportunidades de inclusión, en consideración del crecimiento económico, mediante el acceso a un empleo decente, que permita al ciudadano acceder a bienes y servicios básicos, eliminando la brecha salarial y la expansión de la informalidad y otras formas de precarización. En este contexto, adquieren relevancia las políticas orientadas a la nivelación de estudios básicos y medios, así como los programas orientados a la alfabetización de adultos.
Complementariamente, es necesario establecer programas de capacitación y habilitación laboral hacia grupos específicos como jóvenes y trabajadores expulsados de actividades en declinación que requieran de un proceso de reconversión para reinsertarse adecuadamente en el mercado laboral.
El conjunto de políticas reseñadas arriba se debe enmarcar en el contexto de un sistema de capacitación permanente que permita a los trabajadores adaptarse con flexibilidad a los cambios que sufre el mercado laboral y evitar la obsolescencia y la exclusión por falta de actualización en las competencias requeridas por el sector productivo.
Paralelamente, es necesario enfatizar la aplicación de políticas orientadas a mejorar la calidad de los empleos, en términos de productividad y remuneraciones, así como políticas de desarrollo productivo, orientadas a la integración de los distintos segmentos de la economía al proceso de modernización y crecimiento.
Como exigencia para articulación y la cohesión social de nuestro país, nuestros políticos y gobernantes deben observar estrictamente el cumplimiento de una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales y en especial el respeto de sus autonomías; tal y como lo manda la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización-Año 2001.
Finalmente hay que avanzar, en la dirección de la profundización de la participación ciudadana, en tanto constituye un refuerzo de los vínculos sociales, de la confianza y de la disposición a la cooperación y la reciprocidad, posibilita el avance hacia mayores niveles de cohesión social. La constitución y el fortalecimiento de actores sociales con posibilidades de autodeterminación, habilitados para representar intereses y demandas, requiere de espacios institucionales de participación en el quehacer político público; la formalización de derechos y el resguardo de su conocimiento y respeto; el fomento de organizaciones que permitan extender y ampliar la red social de las personas que las integran y así poder participar e influir en las estrategias adoptadas por la sociedad; la transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción de estrategias que posibiliten la apropiación por parte de los sectores sociales excluidos, de instrumentos y capacidades propositivas, negociadoras y ejecutivas.
En el caso de las comunidades pobres estas condiciones requieren el acceso a redes que trascienden su círculo cerrado y la promoción del capital social comunitario. El acceso a redes que trascienden el círculo cerrado de la comunidad pobre, por un lado, y el capital social comunitario manifestado en diferentes formas de asociatividad, por el otro, son elementos importantes de este proceso de empoderamiento.
“En el Perú de hoy, los que fallan son los políticos, que ofrecen en campaña, lo que como gobernantes no cumplen, sobre todo para articular y cohesionar socialmente al país”.
Lo que no se quiere aprender en nuestro caso, es que, si bien es cierto, que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento constituyen condiciones ineludibles para un desarrollo social perdurable, por sus efectos en el mercado del trabajo, en el poder adquisitivo de las remuneraciones, y los mayores recursos para financiar el gasto social; pareciera que no entendemos, que no existe una relación lineal entre estabilización macroeconómica y crecimiento, y entre este último y el desarrollo social.
De la misma manera, no apreciamos que, nuestros principales desafíos sociales de pobreza y exclusión, no se resuelven solo como un resultado del crecimiento económico, sino que es necesaria una responsabilidad activa del Estado en materia social; en la superación de los bajos niveles de cohesión social y - sin que ello implique la adopción de políticas populistas con escasa viabilidad de sostenerse en el tiempo - el propio crecimiento económico se hará insostenible.
La apuesta por la cohesión social desde la política social es decisiva. Además de aportar a la construcción de formas más inclusivas de organización social, la acción pública social propicia la generación de una ciudadanía activa, aún ausente o deficitaria en nuestras ciudades, agredidas por la indefensión e inseguridad. Se requiere de una protección mínima de parte del Estado a todos los ciudadanos, para contribuir a garantizar oportunidades de inclusión, promover la participación y asegurar a todos el desarrollo de capacidades que permitan la realización y expansión de los derechos en el campo social, económico y cultural, para complementar la ciudadanía política con una verdadera ciudadanía social.
Se debe de garantizar oportunidades de inclusión, en consideración del crecimiento económico, mediante el acceso a un empleo decente, que permita al ciudadano acceder a bienes y servicios básicos, eliminando la brecha salarial y la expansión de la informalidad y otras formas de precarización. En este contexto, adquieren relevancia las políticas orientadas a la nivelación de estudios básicos y medios, así como los programas orientados a la alfabetización de adultos.
Complementariamente, es necesario establecer programas de capacitación y habilitación laboral hacia grupos específicos como jóvenes y trabajadores expulsados de actividades en declinación que requieran de un proceso de reconversión para reinsertarse adecuadamente en el mercado laboral.
El conjunto de políticas reseñadas arriba se debe enmarcar en el contexto de un sistema de capacitación permanente que permita a los trabajadores adaptarse con flexibilidad a los cambios que sufre el mercado laboral y evitar la obsolescencia y la exclusión por falta de actualización en las competencias requeridas por el sector productivo.
Paralelamente, es necesario enfatizar la aplicación de políticas orientadas a mejorar la calidad de los empleos, en términos de productividad y remuneraciones, así como políticas de desarrollo productivo, orientadas a la integración de los distintos segmentos de la economía al proceso de modernización y crecimiento.
Como exigencia para articulación y la cohesión social de nuestro país, nuestros políticos y gobernantes deben observar estrictamente el cumplimiento de una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales y en especial el respeto de sus autonomías; tal y como lo manda la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización-Año 2001.
Finalmente hay que avanzar, en la dirección de la profundización de la participación ciudadana, en tanto constituye un refuerzo de los vínculos sociales, de la confianza y de la disposición a la cooperación y la reciprocidad, posibilita el avance hacia mayores niveles de cohesión social. La constitución y el fortalecimiento de actores sociales con posibilidades de autodeterminación, habilitados para representar intereses y demandas, requiere de espacios institucionales de participación en el quehacer político público; la formalización de derechos y el resguardo de su conocimiento y respeto; el fomento de organizaciones que permitan extender y ampliar la red social de las personas que las integran y así poder participar e influir en las estrategias adoptadas por la sociedad; la transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción de estrategias que posibiliten la apropiación por parte de los sectores sociales excluidos, de instrumentos y capacidades propositivas, negociadoras y ejecutivas.
En el caso de las comunidades pobres estas condiciones requieren el acceso a redes que trascienden su círculo cerrado y la promoción del capital social comunitario. El acceso a redes que trascienden el círculo cerrado de la comunidad pobre, por un lado, y el capital social comunitario manifestado en diferentes formas de asociatividad, por el otro, son elementos importantes de este proceso de empoderamiento.
felicitamos el esfuerzo social y la asociatividad en el Distrito de Chorrillos,, FRECIDDE - LIMA METROPOLITANA, Frente de Concertacion, Inclucion, Defensa y Desarrollo de Lima Metropolitana. freciddelimaperu@hotmail.com
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